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La Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionó a otras dos empresas relacionadas con el caso Odebrecht.

La dependencia anunció en el Diario Oficial de la Federación el impedimento para participar en contrataciones públicas federales, así como celebrar contrato alguno con las compañías Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, S.A. de C.V., y Construtora Norberto Odebrecht, S.A.

Con estas empresas suman ya cuatro las compañías sancionadas por ese expediente.

Las sanciones económicas a cada una de las empresas son por 543 millones 488 mil 615 pesos.

Los representantes legales recibieron una multa de un millón 262 mil 222 pesos, a cada uno.

Entre las cuatro sanciones se genera un total de más de mil millones de pesos, precisaron las autoridades de la Función Pública.

Los funcionarios amonestados por el Estado mexicano son: Luis Alberto de Meneses Weyll, quien fue director General de la empresa Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, S.A. de C.V.

También fue amonestado Gleiber José de Faria, director de Administración y Finanzas de la empresa Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, S.A. de C.V., ambos sujetos fueron sancionados por dos años, tres meses y 12 días, señalan las autoridades.

El dictamen especifica que “a partir del día siguiente en que se publique la presente circular en el Diario Oficial de la Federación, deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno con dicha persona moral, por encontrarse inhabilitada temporalmente”.

Luego de que un tribunal federal revocara la suspensión definitiva otorgada, que impedía a la Secretaría de la Función Pública emitir y notificar resoluciones al respecto, las autoridades federales informaron por medio del Diario Oficial (DOF) las nuevas sanciones contra las filiales de la empresa brasileña.

Con antecedentes

Estas nuevas penalizaciones son la tercera y cuarta, respectivamente, contra empresas relacionadas con el caso, las anteriores fueron dictadas contra dos servidores públicos.

A partir de la publicación de estos dictámenes, ninguna dependencia ni entidades de la administración pública federal, así como empresas productivas del Estado o sus compañías subsidiarias podrán celebrar contrato alguno o licitación con las empresas citadas, ni con ninguna de las personas sancionadas.

Esta inhabilitación se extiende a los procedimientos de contratación de todas las dependencias y entidades de la Federación, así como todos los municipios cuando las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público que contraten se realicen con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo federal.

Fuente: El Universal

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