Recomendaciones del GAFI a México

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En el informe sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) dio a conocer el miércoles sobre la evaluación de México en el cual se mencionan los retos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) enfrenta para supervisar a los entes que le corresponden.

El organismo internacional destaca en el documento la labor que han hecho en la materia instituciones regulatorias de entidades financieras como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en la supervisión de bancos, casas de Bolsa, aseguradoras y otras de este tipo.

Sin embargo, ve retos en lo que a la labor de supervisión corresponde al SAT, esto es, en entidades no financieras como empresas inmobiliarias, notarios, contadores, casinos, agencias automotrices y otros.

“Si bien el SAT emplea un modelo de riesgo de prevención de lavado de activos, el organismo no cuenta con los suficientes recursos y pudo, en los últimos tres años, inspeccionar menos de 0.2% de las entidades por las cuales es responsable”, menciona el documento.

Poca supervisión

De acuerdo con especialistas en Materia de PLD/FT estiman que alrededor de 340,000 entes que hay en el país y que pertenecen a 15 categorías no financieras como empresas constructoras, casinos, joyeros, traslado de valores, casas de juego, inmobiliarias, casas de obras de arte, notarios, agencias automotrices y aduanas, entre otras, el SAT apenas ha podido supervisar a menos de 0.2% en los últimos tres años.

 “La gran cantidad de entidades por las cuales el SAT es responsable representa un desafío material para la comprensión del riesgo a nivel de los negocios individuales (...) Si bien el SAT emplea un modelo de riesgo de lavado de dinero, el organismo no cuenta con los suficientes recursos y pudo, en los últimos tres años, inspeccionar menos de 0.2 % de las entidades por las cuales es responsable”, confirman especialistas.

Recomendaciones del GAFI a México

Priorizar la investigación de lavado de activos y asignar recursos adicionales.

Que la PGR aumente el nivel de especialización de sus unidades, particularmente dentro de aquellas que abordan el lavado de dinero y la corrupción.

Integrar al decomiso como un objetivo dentro de las políticas de combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Iniciar investigaciones financieras paralelas de conformidad con los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de México, brindando capacitación y experiencia técnica a la PGR y a la Policía Federal.

Mejorar la comprensión de las instituciones financieras y APNFD (particularmente los notarios, abogados y contadores) en relación con los riesgos de lavado de dinero generados por la corrupción y su capacidad de gestionar dichos riesgos.

Fortalecer las medidas de beneficiario final a través de extender los requisitos, incluso de las personas jurídicas; entablar conversaciones con todas las IF y APNFD para aclarar las expectativas de supervisión con respecto a los requisitos sobre los beneficiarios finales y para brindar pautas sobre mejores prácticas;  desalentar la confianza indebida en las auto declaraciones de los clientes; y garantizar que la información adecuada, precisa y actualizada del beneficiario final de las personas esté a disposición de las autoridades.

Revisar los recursos aplicados a la supervisión en virtud de los perfiles de riesgo que emergen de los modelos desarrollados por los supervisores.

Realizar una revisión de las penas financieras disponibles a los supervisores para establecer si pueden ser aplicadas en forma realista para que sean efectivas, proporcionadas y disuasivas, especialmente en relación con las instituciones financieras más grandes. El SAT debe adoptar medidas inmediatas con el fin de establecer una metodología para la aplicación de sanciones.

Fuente: El Economista

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