¿Qué es la Ley de Seguridad Interior y cómo nos afecta?

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La Ley de Seguridad Interior define la actuación del Ejército en tareas de Seguridad Pública, así como las situaciones en las que pueden intervenir los militares.

Para entenderla mejor, te compartimos algunos puntos clave:

1. ¿Qué es la seguridad interior y cuándo está amenazada?

El artículo 2 de dicha ley establece que la seguridad interior es “la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad”.

Las amenazas a esta ley son hechos que impidan combatir a la delincuencia organizada o actos de terrorismo, así como emergencias y desastres naturales.

2. ¿Qué es la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior?

En el artículo 4 define que el Presidente de México puede habilitar la intervención de la Federación y hasta de las Fuerzas Armadas para contener las amenazas de Seguridad Interior.

Para la intervención en un estado el Presidente puede emitir la declaratoria sin necesidad del Congreso.

Aunque hay algunos casos de riesgos donde las fuerzas armadas pueden implementar por su cuenta acciones de prevención por su cuenta, es decir, sin declaratoria.

Los riesgos los identifica la Agenda Nacional de Riesgos. Este contenido es clasificado como reservado.

3. Derechos Humanos

Las autoridades deben respetar los derechos humanos sin excepción, señala el artículo 7 de la ley.

4. Las marchas no las consideran amenazas, si son “pacíficas"

El artículo 8 señala que no intervendrán las autoridades federales o militares en ningún tipo de movilización social o electoral, pues no son amenaza a la seguridad interior mientras sea pacífica.

Sin embargo, los opositores a la ley señalan aquí ambigüedad, pues no define la ley hasta qué punto es una manifestación “pacífica”.

5. Intervención federal

La decisión de una Declaratoria de Seguridad Interior es exclusiva del Presidente, aunque también puede hacer una solicitud al congreso local para intervenir en algún estado.

En caso de que sea solicitud, el Congreso tiene 72 horas para aprobar o no que la Federación envíe fuerzas.

También puede intervenir la Federación en un estado en caso de que la amenaza supere las capacidades de las autoridades locales o cuando ocurra “insuficiente colaboración” de entidades y municipios en temas de seguridad nacional.

6. Comisión de Derechos Humanos

En cada declaratoria deberán notificar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

7. Lo que harán las Fuerzas Armados cuando intervengan en una entidad

En caso de una Declaratoria de Seguridad Interior, el Presidente nombrará a un comandante de las Fuerzas Armadas para que coordine el despliegue operativo en un estado.

Definieron un protocolo de actuación y harán grupos interinstitucionales con un representante de todas las fuerzas que intervengan.

8. ¿Qué harán los estados y municipios durante una intervención federal?

La ley indica que tendrán varias obligaciones los estados y municipios, donde destaca que deberán atender todas las órdenes que se adopten en los grupos de coordinación, aportar información, mantener el desarrollo y mejora de sus fuerzas de seguridad y deberán elaborar un programa para fortalecerse.

9. Detenciones

Las Fuerzas Armadas pueden arrestar pero “por conducto” o en “coordinación” con la policía, aunque señala el medio citado que no hay mayores detalles.

10. Espionaje

Las Fuerzas Armadas y Federales podrán realizar espionaje en sus “respectivas competencias” y “podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información”.

Cómo afectará directamente en los estados:

1. Esta legislación faculta al titular del Ejecutivo Federal, o sea al presidente, para decidir en cualquier momento y de manera arbitraria cuándo existe una situación que “compromete la seguridad nacional” y así enviar las fuerzas armadas a las calles.

2. La ley establece que la información que se desprenda de estas decisiones “compromete la seguridad nacional”, por lo que será clasificada como confidencial y por ende no será de acceso público. La propuesta cierra todo el acceso a la información.

3. La legislación quita poder y responsabilidad a autoridades estatales y municipales sobre la seguridad pública, pues cuando el presidente de la República determine mandar al Ejército y Marina a las calles no será necesario que pregunte a gobernadores y alcaldes,  so pretexto de que está comprometida la seguridad interior e incluso podrá hacerlo contra la voluntad de estos.

4. Esta iniciativa genera incentivos negativos para que los gobernadores y alcaldes hagan su tarea en cuanto a la promoción de la seguridad ciudadana. Las autoridades estatales y locales podrán desentenderse (todavía más) de su tarea de hacer frente a la inseguridad y proponer políticas diferentes que cuestionen el origen y causas de la violencia.

5. Al ser el Presidente quien directamente ordene la salida a las calles de las Fuerzas Armadas, los gobernadores se pueden desentender del gasto para el actuar de las policías estatal o municipal en situaciones de violencia. Así será aún más difícil que se replanteen desde lo local los mecanismos con los que funciona la policía.

6. La Ley enterró la propuesta de un Mando Mixto policiaco, que si bien según Jorge Javier Romero no era lo ideal, sí ponía sobre la mesa la discusión de la formación de policías. El investigador dijo a LADO B que lo que se necesita es reconstruir a las policías desde su formación, acercando la seguridad a la ciudadanía, y no militarizando más el país. Actualmente las policías más relacionadas con ilícitos son los mandos municipales, y hay pocas o nulas propuestas que se hayan volcado a atender ese problema.

Con información de Animal Político y http://ladobe.com.mx

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