El tráfico de armas en México es impune

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A pesar de que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece cárcel de 5 a 30 años a quien participe en la introducción ilegal de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo de la fuerzas armadas, se cuentan con los dedos a quienes son castigados por cometer esa infracción.

Cifras de la Procuraduría General de la República (PGR) revelan que, en el periodo del 1 de septiembre de 2016 al 1 de septiembre de 2017, las personas sujetas a proceso penal por tráfico de armas ascendieron a ocho.

A su vez, únicamente se obtuvieron tres sentencias condenatorias por introducir ilegalmente armas de fuego al país.

Lo anterior es preocupante, sobre todo si se toma en cuenta el estudio de la Universidad de San Diego que calcula que alrededor de 253 mil armas ingresan al país de manera ilegal cada año.

Y establece que la gran mayoría del armamento proviene de Estados Unidos.

Carlos Mendoza, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirma que “es una cantidad menor (de procesados), es marginal”, y agrega: “Queda claro que el trabajo de inteligencia y luego el seguimiento procesal queda a deber en esta y otras esferas”.

Mendoza, quien también es consultor en seguridad, advierte que mientras no exista un verdadero trabajo de investigación que se complemente con acciones eficaces en la frontera, incluso a través de operaciones encubiertas, será imposible desmantelar las redes de tráfico de armas.

Considera que la consecuencia de la disponibilidad de armas es la multiplicación de homicidios.

Afirma que la solución es realizar detenciones masivas para inhibir el ilícito.

Por su parte, Javier Oliva, especialista en temas militares, asegura que las aduanas deben dotarse de mejores instrumentos para la detección de armas, pues tienen una gran responsabilidad en la entrada de estas a territorio nacional.

Destaca que la disposición de arsenal y su mayor capacidad de fuego “genera una espiral de violencia como la que estamos observando”.

Fuente: Reforma

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