Condusef recuperó 66.9 mdp a favor de usuarios en 2017

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La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recuperó de enero a noviembre de este año 66.9 millones de pesos en favor de quienes solicitaron el servicio de Defensoría Legal Gratuita.

En un comunicado, destacó que el monto devuelto significó un incremento de 11.3% respecto a igual periodo de 2016, con un resultado en favor de los usuarios de servicios financieros en 97% de los juicios representados.

Los principales productos financieros que generaron las defensas legales del organismo en los  primeros 11 meses del año corresponden a demandas por:

  • Tarjetas de débito, en 33.7% de los casos

  • Tarjetas de crédito, con 19.3% de las defensorías

Asimismo, 8.6% de las intervenciones legales gratuitas se relacionaron con cuenta de cheques; 6.8% por daños-automóviles, 5.9% cuentas de ahorro; 5.4% de cuenta de nómina y 3.6% por motivos de cajeros automáticos (ATMs).

En cuanto a las defensas legales por plásticos de débito, la principal causa fue por consumos no reconocidos, le siguió la disposición de efectivo en ATM no reconocido y por las transferencias electrónicas sin reconocimiento.

Por su parte, en tarjeta de crédito, además de considerarse los consumos no reconocidos con el producto y retiros en ATMs, también las demandas derivaron por consumos vía Internet no realizados.

La Condusef recordó que conforme el proceso de atención, el usuario puede solicitar la representación legal de la instancia ante la autoridad en un juicio contra alguna institución financiera, siempre que existan elementos jurídicos suficientes y no se cuente con los medios económicos para contratar abogados.

Y es una opción más una vez agotadas las alternativas conciliatorias, como son los procesos de gestión ordinaria o electrónica, conciliación y dictamen.

El servicio de Defensoría Legal es gratuito y en todos los casos quedarán a cargo del usuario los honorarios de los peritos y demás gastos que origine el juicio, así como los costos que, en su caso, deriven de resoluciones adversas emitidas por las autoridades jurisdiccionales.

Fuente: El Economista

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